Cuestionamientos sobre el uso irracional de los recursos públicos y las leyes de los contratos

  Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Foto: europapress.es

 

 

En todo el mundo, las personas se preguntan si las Administraciones Públicas deben garantizar la competencia adecuada de los empresarios para obtener las mejores ofertas en las licitaciones con los resultados más favorables en términos de menor precio y mayor calidad para las entidades estatales, a la hora de adjudicar los contratos.  

 

72.527,27 millones de Euros representados por 129.594 licitaciones del sector público fue el volumen de la contratación pública en España en el año 2019; según el  Informe Anual de Supervisión de la contratación pública de España de 2020 de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), citad por el Ministerio de Hacienda de este país.

Fuente:hacienda.gob.es/RSC/OIReScon/informe-anual-supervision-2020/ias-2020-resumen-ejecutivo-es.pdf

"La contratación pública desempeña un papel clave, puesto que se configura como uno de los instrumentos basados en el mercado interior que deben ser utilizados para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso con mayor racionalidad económica de los fondos públicos". tal como lo consagra la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.  

 

Fuente: Boletin Oficial del Estado del Gobierno de España del 29 de septiembre de 2022, boe.es

 

¿Por qué es importante tener en cuenta la competencia en los procesos de contratación pública? 

 

Porque "la competencia entre los licitadores (proponentes, en la jerga administrativa colombiana) es la manera de asegurar que las entidades del sector público, y la sociedad en última instancia, se beneficien de las mejores ofertas en términos de precio, calidad e innovación de los bienes o servicios finalmente contratados"; dice la Comisión Nacional de la Competencia De España en la Guía sobre Contratación Pública y Competencia. Fuente: hacienda.gob.es/DGPatrimonio/junta%20consultiva/guia_contratacion_v41_0.pdf

De acuerdo con esta guía, los principios de la contratación pública, incluyen: la libertad de acceso a las licitaciones, la publicidad y transparencia de los procedimientos, la no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, la búsqueda de una eficiente utilización de los fondos públicos mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa. Por el contrario, unas condiciones de competencia deficientes conllevan un mayor esfuerzo económico para las entidades del sector público que contratan bienes y servicios y por tanto para los ciudadanos.

 

¿Por qué son tan apetitosos los contratos públicos?

Porque "esa corriente caudalosa de dinero público" es gestionada por administraciones de todos los tamaños y "en muchos casos notoriamente incapaces de hacerlo de manera eficiente", escribe Alejandro Huergo Lora Profesor titular de Derecho Administrativo (acreditado para catedrático), en "La supervisión de los contratos públicos", artículo de opinion (2018) en La Nueva España, lne.es

De acuerdo con el profesor,  la contratación pública sigue siendo uno de los centros de la corrupción. "Aunque la legislación de contratos públicos dice tener como objetivo evitar las prácticas corruptas y asegurar que cada contrato se adjudica en una licitación pública al mejor postor, su funcionamiento es más que deficiente por razones que no se ponen por escrito en ninguna exposición de motivos, pero que son perfectamente conocidas" En resumen, se entiende que los contratos públicos (contratos estales, en la jerga administrativa colombiana) don atractivos porque "la Administración es el cliente más importante de muchas de las empresas que intentan contratar con ella"; porque "No se premia ni se reconoce la labor que hace el recurrente (quejoso) al contribuir al descubrimiento y a la depuración de conductas ilegales"; porque "en la práctica no es raro que ambos hagan causa común frente a los controladores del manejo de fondos públicos"; y por "las graves deficiencias en el control judicial de todas las actuaciones administrativas relacionadas con la contratación".