El control social de la gestión pública es una garantía de la democracia

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¿El Estado apoya el control social como garantía de democracia?

Además de la Constitución Política de Colombia de 1991, la Ley de Transparencia, la Ley de Veedurías Ciudadanas y otras normas, surgió en el año 2015 la Ley para la promoción y protección del derecho a la participación democrática en Colombia.

¿Se puede desarrollar el control social a través de veedurías ciudadanas? Sí. Estas pueden intervenir en audiencias públicas; solicitar a la Contraloría General de la República ejercer control posterior, en forma excepcional, sobre las cuentas de cualquier entidad; denunciar ante las autoridades competentes las irregularidades o faltas en materia de contratación estatal; según lo estipulado en la LEY 850 de 2003, Por la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. Ver: https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=10570

En ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información, toda persona puede conocer sobre la existencia y acceder a la información pública en posesión o bajo control de los sujetos obligados.  Son "sujetos obligados" todas las entidades públicas, "incluyendo las  ertenecientes a todas las Ramas del Poder Público, en todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por servicios o territorialmente, en los órdenes nacional, departamental, municipal y distrital"; según la Ley 1712 de 2014, Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública.

Ver: https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56882

Los ministerios, corporaciones autónomas regionales, universidades públicas, alcaldías, contralorías, concejos, inclusive la policía y todas las entidades del estado, deben: "...promover, proteger y garantizar modalidades del derecho a participar en la vida política, administrativa, económica, social y cultural, y así mismo a controlar el poder político".  "El estado garantizará las bases fundamentales de la democracia a través de la libre expresión, libre movilización social, libre asociación, la autonomía, formación, fortalecimiento y reconocimiento de los ciudadanos, sus organizaciones y representantes, así como la institucionalización de mecanismos, instancias, y estrategias de participación; no solo mediante el cumplimiento de la normativa legal vigente, sino a través de la difusión adecuada de información, el apoyo al control social sobre la gestión pública, la formación y la promoción de la investigación e innovación sobre la participación, entre otros" -LEY ESTATUTARIA 1757 DE 2015, “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”. 

 Ver: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=65335

 A la pregunta: ¿Usted no sabe quién soy yo? Se debe responder usted es un ciudadano con derechos y deberes constitucionales, consagrados en la Constitución Política de Colombia de 1991.

Ver: https://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia%20-%202015.pdf

Para la consulta de los documentos oficiales relacionados con el PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, in-situ (en la sede de la gestión documental de la entidad estatal), se propone el siguiente texto de carta: https://docs.google.com/document/d/1kgb-J2O-cACx1HvoZOhTn7hm_P7Ctk-drcBLZtT-AHE/edit?usp=sharing